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La autoridad del Consejo de Rectores participó en el inicio de la discusión del proyecto de ley que busca postergar hasta 2024 la entrada en vigor de esta norma que rige para casas de estudios adscritas a la gratuidad.
En la ocasión el rector Juan Manuel Zolezzi planteó inquietudes relacionadas con el nuevo proceso de fijación de aranceles regulados, tras la decisión de la Subsecretaría de Educación Superior de impugnar las bases técnicas publicadas por la administración anterior.
“Es necesario garantizar la participación efectiva de las instituciones”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), Juan Manuel Zolezzi, quien expuso este miércoles en la Comisión de Educación del Senado.
El comité parlamentario inició la discusión del proyecto de ley que modifica el plazo de entrada en vigor de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación. Estos cobros están establecidos en el Título V de la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, para el financiamiento institucional para la gratuidad.
En su presentación realizada de manera telemática, el rector Zolezzi destacó que en la sesión de mayo del CRUCH, realizada en la U. de Valparaíso, el pleno de rectores y rectoras acordó acoger la invitación de la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, para participar en nuevo proceso de fijación de aranceles regulados, luego de que la autoridad decidiera impugnar las bases técnicas elaboradas por la administración anterior.
“Acogimos esta invitación, con la expectativa de que este proceso será participativo, porque el anterior no lo fue, y que, en esta ocasión, los planteamientos de las universidades serán efectivamente escuchados”, sostuvo Zolezzi, quien también es rector de la U. de Santiago.
Garantías de participación y solvencia económica
El proyecto de ley pretende posponer al año académico 2024 la entrada en vigor de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para las instituciones adscritas a la Gratuidad, que inicialmente debían regir desde 2023.
Pese a que la iniciativa en discusión es más acotada, el vicepresidente ejecutivo del CRUCH planteó propuestas e inquietudes del Consejo sobre el nuevo proceso de fijación de aranceles regulados.
El rector Zolezzi sostuvo que “es necesario garantizar la participación efectiva de las universidades, porque la Contraloría General de la República señaló que lo que se había hecho (en la administración anterior) no era correcto y no habíamos tenido una plena participación”.
La autoridad universitaria además recordó que la Ley N° 21.091 establece que el procedimiento que se establecerá para fijar los valores de los aranceles deberá considerar previamente un proceso de consulta a las instituciones de educación superior y a las federaciones de estudiantes de las instituciones adscritas a la gratuidad.
Por otro lado, planteó que el nuevo mecanismo deberá comprometer y considerar mayores recursos y así “evitar el aumento de transferencias para algunas instituciones y disminución en otras, más conocido como juego de suma cero”.
Zolezzi sostuvo que el procedimiento debe propender a la solvencia y garantizar ingresos mínimos para las casas de estudios, estableciendo un principio de no detrimento a las instituciones de educación superior, porque dado que la ley establece un cálculo basado en costos históricos, en consecuencia no deberían disminuir los aranceles regulados.
Esto es vital para que “las universidades del CRUCH y otras instituciones no experimenten una disminución de las transferencias por concepto de aportes por gratuidad”.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores agregó que “mientras se suspenda el proceso de fijación de aranceles, resulta indispensable considerar opciones que apoyen el financiamiento de las instituciones”. Planteó que entre las opciones que se pueden considerar se incluye solicitar la derogación o la modificación de los artículos 108°, y los artículos transitorios 35° y 38° de la Ley 21.091.
Inquietudes metodológicas
El rector Zolezzi también planteó inquietudes sobre aspectos metodológicos relacionados con el procedimiento de fijación de aranceles. Al respecto, explicó que el mecanismo adoptado por la administración anterior se basó en una mirada limitada del sistema de financiamiento, al excluir de la función docente los costos de investigación, postgrado y vinculación con el medio.
“Hoy la función docente, la investigación y la vinculación con el medio no se pueden disociar”, dijo, agregando que “la oferta de pregrado requiere de otras actividades, para ser de calidad, tales como la investigación y la vinculación con el medio, por lo que, para su correcto funcionamiento, estos costos deben incluirse en el cálculo de arancel regulado”.
La autoridad del CRUCH además manifestó que el procedimiento fijado en la administración anterior definía “costos vinculados a infraestructura de las instituciones estaba establecido en favor de la estrategia de arriendo de edificios por sobre la propiedad de ellos”.
Añadió que “los costos no pueden inferirse únicamente a partir de los gastos porque estos no reflejan necesariamente el costo de los recursos materiales y humanos requeridos para impartir una determinada carrera”.
Zolezzi advirtió que “la regulación de aranceles debe entregar certezas al Sistema de Educación Superior en cuanto a los efectos de la regulación de aranceles, certezas que tienen que ver con qué va a ocurrir con la institución en un plazo breve, mediano y largo”, lo que no es posible con las actuales bases.
El rector de la USACH instó además que se cumpla “el mandato legal sobre el agrupamiento de carreras por su estructura de costos y no basados solamente en su estructura curricular, lo que fue previamente observado por Contraloría”.
La sesión contó con la participación de la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, el nuevo presidente del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), el rector de la U. de Valparaíso Osvaldo Corrales; el presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9), el rector de la U. de Concepción Carlos Saavedra; y la vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la U. de Chile, Heidi Berner.
La intervención del rector Zolezzi en la Comisión de Educación del Senado está disponible en este link.
