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“Es inexplicable que se desatienda la solicitud del CRUCH de renovar el nombramiento de la Secretaria General por otro periodo de tres años”, enfatizó el vicepresidente ejecutivo del CRUCH.
La Ley 19.882 establece que después del nombramiento, cuya duración es de tres años, “la autoridad competente podrá renovarlos fundadamente, hasta dos veces, por igual plazo, teniendo en consideración las evaluaciones disponibles del alto directivo, especialmente aquellas relativas al cumplimiento de los convenios de desempeños suscritos”.
“Para el Consejo de Rectores no es trivial que el ministerio de Educación adopte la posición de no escuchar la decisión y los requerimientos expresados por los rectores y rectoras en distintas instancias, en cuanto a renovar el nombramiento de la actual Secretaria General del CRUCH por un nuevo periodo de gestión, que es una opción legítima contemplada en los cargos de Alta Dirección Pública”, planteó el vicepresidente ejecutivo del CRUCH, rector Juan Manuel Zolezzi.
Durante la última sesión del CRUCH, a fines de agosto, los rectores y las rectoras de las 30 universidades pertenecientes al CRUCH expresaron por unanimidad que la Secretaria General del CRUCH, Dra. María Elena González, ha cumplido su periodo de gestión con excelencia y ha contribuido de manera significativa a encauzar los diversos acuerdos del pleno, lo que ha favorecido el funcionamiento de este cuerpo colegiado.
Dado que su cargo es elegido por el Sistema de Alta Dirección Pública por un periodo de 3 años, y esta modalidad permite renovar su nombramiento por dos periodos más si la evaluación de desempeño es positiva, el pleno del CRUCH ha solicitado reiteradamente que se opte por este camino. Sin embargo, el Ministerio ha tomado una decisión de manera arbitraria e inconsulta, lo que vulnera la autonomía que requiere el Consejo.
Por lo mismo, “es desafortunado y poco respetuoso que el ministro de Educación califique de artificial el conflicto con el Consejo de Rectores”, aseveró el rector Zolezzi al referirse a los dichos del Ministro Figueroa de este miércoles 22 de septiembre a través de radio Cooperativa.
Renovación del cargo de Secretaria General
El cargo de Secretaria General del CRUCH está sujeto a la Ley 19.882, que establece las normas generales del Sistema de Alta Dirección Pública, mediante el cual se seleccionan los altos directivos públicos “que son cargos de jefaturas en la dirección de órganos o servicios públicos, cuyas funciones sean predominantemente de ejecución de políticas públicas y de provisión directa de servicios a la comunidad”.
Luego del proceso de postulación y de selección que lleva a cabo el Sistema de Alta Dirección Pública, se envía una terna con las personas más idóneas al Presidente de la República, para que realice el nombramiento.
En cuanto a la renovación en el cargo, la ley establece que después del nombramiento cuya duración es de tres años, “la autoridad competente podrá renovarlos fundadamente, hasta dos veces, por igual plazo, teniendo en consideración las evaluaciones disponibles del alto directivo, especialmente aquellas relativas al cumplimiento de los convenios de desempeños suscritos” (artículo quincuagésimo séptimo Ley 19.882).
En el caso de la actual Secretaria General, María Elena González, tanto la evaluación formal del ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, así como las consideraciones del propio Consejo de Rectores, son coincidentes en que los objetivos y funciones que le corresponden se han realizado de manera óptima durante toda su gestión.
“Por ello es inexplicable que se desatienda la solicitud del CRUCH de renovar el nombramiento de la Secretaria General por otro periodo de tres años”, enfatizó el vicepresidente ejecutivo del CRUCH.
A juicio de los rectores y las rectoras, la explicación que cabe es que esta medida del ministerio de Educación “sea una represalia por las discrepancias que han habido durante este periodo con el Consejo de Rectores”, puntualizó Zolezzi. Agregó que “si esta fuere la razón, ella es injusta e inaceptable, y no honra las legítimas diferencias propias de la democracia y del rol del Consejo de Rectores”.