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La primera etapa del proceso solo considera las carreras de Pedagogía y Derecho, frente a lo cual el vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Juan Manuel Zolezzi plantea: “¿Qué pasará cuando entren las otras carreras? No sabemos. Tampoco podemos inferir, con los antecedentes que tenemos, qué es lo que va a ocurrir finalmente con la institución. Por ahora, solo estamos viendo la punta del iceberg”.
En la sesión de este jueves del Consejo de Rectores nuevamente se analizó el proceso de regulación de aranceles y las consecuencias negativas para las universidades, de modo que se acordó reiterar en todas las instancias que corresponda la solicitud de suspender este proceso.
Este tema es de gran relevancia para las universidades del CRUCH, en particular para las instituciones con gratuidad, por lo que se ha abordado pormenorizadamente en las sesiones de julio y agosto del Consejo de Rectores. También, a principios de septiembre el CRUCH emitió una declaración pública para dar a conocer los argumentos que respaldan la solicitud de suspensión y el 14 de septiembre, el vicepresidente ejecutivo fue invitado a exponer en la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado.
El vicepresidente ejecutivo del CRUCH, rector Juan Manuel Zolezzi, afirmó que “una de las razones fundamentales para pedir y apoyar la suspensión del proceso es que nosotros no podemos aprobar un procedimiento sin conocer cuál va a ser la forma de financiamiento de las otras áreas que no están contempladas directamente en este proceso de fijación de costos de aranceles para la docencia. Todos sabemos que la investigación, la vinculación con el medio, los aspectos relativos a calidad, respecto de distintos aspectos de desarrollo futuro, que son cada vez más exigentes, no están financiados en los costos que las universidades hemos informado. Por lo tanto, mientras no se tenga una realidad más completa del proceso del punto de vista de las otras áreas de competencia que la misma ley exige que las universidades desarrollen, tiene mucho sentido pedir la postergación”.
Otro elemento relevante para las universidades es que en la primera etapa del proceso solo se consideran las carreras de Pedagogía y Derecho “pero no estamos viendo el resto. Pero, ¿qué pasará cuando entren las otras carreras? No sabemos. Tampoco podemos inferir, con los antecedentes que tenemos, qué es lo que va a ocurrir finalmente con la institución. Por ahora, solo estamos viendo la punta del iceberg”, agregó el rector Zolezzzi.
Cabe recordar que el proceso para implementar la regulación de valores de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobro por concepto de titulación para las universidades que adscriben a la gratuidad -en el marco de la ley N° 21.09- lo está llevando a cabo la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, y que en la primera etapa contempla las carreras de Pedagogía y Derecho.
“Costo razonable”
En el desarrollo del proceso, la Subsecretaría de Educación Superior ha definido como “costo razonable” un monto que se encuentra por debajo de los costos reales reportados por la mayoría de las instituciones para cada una de las carreras. “El percentil en que se establece este costo se encuentra apenas entre el 15 y 20 de la distribución de éstos, lo que es válido tanto para las carreras de Derecho como para las Pedagogías. Es decir, el modelo propuesto por la subsecretaría, irremediablemente lleva a fijar el costo razonable en el 15% o 20% de la distribución de costos, lo que significa que las universidades recibirán ingresos menores a sus costos atuales”, puntualizó Zolezzi.
Según la información recopilada por el CRUCH, la regulación arancelaria establecida en el informe de cálculo de la Subsecretaría de Educación Superior tiene un impacto negativo en el conjunto de universidades del Consejo de Rectores que alcanza los -$8.887.149 millones de pesos.
“Creemos que el modelo empleado puede contribuir de manera irremediable a la desigualdad y condenar a un número importante de instituciones a situaciones de fragilidad y vulnerabilidad financiera. Es por esto y debido a la trascendencia de los intereses públicos que están en juego que exigimos que al menos se suspenda y postergue la aplicación”, concluyó el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores.