Declaración
Pública
Ante los graves hechos de que hemos sido testigos en los últimos días, el Consejo de Rectores ha considerado un deber institucional ser parte de la reflexión que el país está haciendo o debería iniciar en los próximos días.
Atendida especialmente nuestra misión de formar profesionales y de aportar en la generación de ideas para los diversos ámbitos de la vida nacional, estimamos que los hechos y conductas observadas, tanto por su masividad y violencia, están dando señales inéditas de un severo deterioro de la legitimidad social y política que supone todo orden institucional eficaz. Se trata, por lo mismo, de una interpelación cívica y moral que las universidades no pueden ni deben ignorar.
Corresponde a las universidades por su carácter de instituciones autónomas, que representan a las diversas tradiciones intelectuales y culturales del país, expresar sin ambages tanto su reconocimiento y valoración del derecho a la protesta social por medios pacíficos en el marco de la institucionalidad democrática, como su rechazo categórico y enérgico a las acciones de violencia e intolerancia que hemos observado en las movilizaciones sociales iniciadas la semana pasada.
La situación es ya lo suficientemente grave e incierta en sus consecuencias para tratarla como una simple alteración y amenaza del orden público. Ciertamente, el restablecimiento de dicho orden es una prioridad. Del mismo modo, sería lamentable y sobre todo irresponsable no hacer un esfuerzo sereno y compartido por identificar las causas sociales, económicas y culturales que puedan explicar lo que está ocurriendo.
Nuestra vocación de diálogo y respeto por la diversidad que debe acoger toda sociedad democrática nos impulsa a la vez a expresar con el mayor énfasis que ahora más que ayer necesitamos de una deliberación democrática genuina y virtuosa, sin oportunismos ni ventajas mal ganadas de uno u otro lado. Las instituciones de la democracia requieren precisamente hoy de nuestro más leal compromiso. A este propósito queremos contribuir, poniendo al servicio de Chile y los diversos actores políticos las capacidades con que podamos contribuir a dicho proceso deliberativo, así como al cuidado y desarrollo de nuestra democracia.
Por tales razones, hacemos un llamado a todas y todos quienes integran la comunidad nacional para restablecer cuanto antes un clima de confianza cívica y de paz en la convivencia social para alcanzar un diálogo más edificante y una democracia más inclusiva.